Cambió la Presidenta su condición tributaria

Por José Ignacio Sbrocco
De la Redacción de LA NACION

Poco tiempo duró la presidenta Cristina Kirchner inscripta como monotributista ante la AFIP. Junto con la creación de su nueva empresa, El Chapel S.A., la jefa del Estado modificó su condición tributaria ante el órgano recaudador: volvió a ser una contribuyente autónoma.

Cristina Kirchner se había registrado el 1° de julio último en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes en la categoría "A", la más baja. Para ello, la Presidenta declaró tener ingresos por actividades privadas (alquiler de inmuebles) de 12.000 pesos al año, es decir, 1000 pesos por mes.

Para el ejercicio de su trabajo privado no podía usar una superficie superior a 20 metros cuadrados ni consumir más de 2000 kilovatios de energía eléctrica por año. Pagaba 105 pesos por mes: 33 pesos de monotributo impositivo, 35 pesos para monotributo previsional y 37 pesos en concepto de aporte a la obra social.

Luego, la Presidenta fundó una nueva empresa junto con su marido, Néstor Kirchner, y el hijo de la pareja, Máximo. Según datos de la página oficial de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Cristina Kirchner se reinscribió como autónoma (para su jubilación), aunque no especifica en qué categoría (de eso depende el monto mensual que abona).

En su flamante actividad, la jefa del Estado paga Ganancias y figura exenta de IVA. Como posee bienes personales gravados superiores a 305.000 pesos, también contribuye con ese impuesto.

No es la primera vez que la Presidenta se registra como autónoma para desarrollar una actividad privada, que en noviembre de 1994 se había dado de alta. Hasta junio último estaba dentro de la categoría III, y declaraba ingresos hasta 15.000 pesos anuales. Es decir, 1250 pesos por mes.

Lo que sí es novedoso y coincide con la flamante empresa familiar (de la que su hijo Máximo es director) es el rubro al que se dedica. La actividad principal de la mandataria es el "servicio de asesoramiento, dirección y gestión empresarial, realizados por los integrantes de los órganos administrativos y/o fiscalización en sociedades anónimas".

En su paso anterior como autónoma, la Presidenta se dedicaba al servicio inmobiliario realizado por cuenta propia con bienes propios o arrendados.

El Chapel S.A., la nueva empresa de los Kirchner, según especifica el acta de creación, se dedica al asesoramiento financiero y a otorgar créditos, y tiene la posibilidad de crear uniones transitorias de empresas (UTE), tanto en el país como en el extranjero.
"Planteo ético-legal"

Raúl Cuello, uno de los "intocables" de la DGI en la década del noventa, destacó la imposibilidad de ejercer la presidencia del país y, paralelamente, ser directivo de una empresa. En ese contexto, señaló que la forma de inscripción de la presidenta Cristina Kirchner quedaba en un segundo plano. "Hay que hacer un planteo ético-legal, que precede a la liquidación de los impuestos", dijo.

El economista agregó que hay que juzgar el tema desde el punto de vista legal, es decir, si la Presidenta puede ser dueña de una empresa "debido al tan alto cargo" que ejerce.

"Hay leyes -continuó- que establecen la incompatibilidad entre el cargo que se ejerce y ser parte de una empresa."

La diputada nacional Silvana Giudici (UCR-Capital) presentó la semana pasada un pedido de informes al Poder Ejecutivo Nacional sobre la relación de la presidenta Cristina Kirchner con la consultora El Chapel S.A.

En la presentación, la diputada radical pidió conocer precisiones sobre la conformación de la consultora El Chapel S.A., cuyos socios son Máximo Kirchner y sus padres, Néstor y Cristina Kirchner.

"Cristina Kirchner, en virtud del cargo de Presidenta, se ve regida en sus actos por la ley 25.188 de ética en el ejercicio de la función pública, que establece un conjunto de deberes, prohibiciones e incompatibilidades aplicables a todas las personas que se desempeñen en la función pública", señaló.

Y agregó: "La información privilegiada que podría manejar esta consultora, que entre sus socios tiene a quien maneja las variables políticas, económicas y financieras de la Argentina, hace que esta empresa quede en una situación de privilegio ante el resto de las compañías del sector, pudiendo llegar a constituir una falta a la ley de defensa de la competencia".