El país está jaqueado por los conflictos callejeros

En total, 17 provincias más Capital Federal son blancos de protestas sociales y sindicales que luchan por reivindicaciones. Sociólogos dicen que no es comparable con la crisis de 2001

José Ignacio Sbrocco

La ola de conflictividad social parece haber estallado con la crisis en Kraft, la empresa de capitales norteamericanos que se quedó con la fábrica que pertenecía a Terrabusi. Sin embargo, hay focos de protestas en 17 provincias más Capital Federal.
¿A qué se debe tanto malestar? Hay muchas respuestas a esta pregunta, pero un solo denominador común: la precaria situación económica.
¿Hay algún punto en común con la crisis de 2001? Otro denominador común: ninguno.
El Gobierno, por su parte, cuestionó los cortes de ruta y pidió que se respete el derecho de los terceros a circular.

Inflación y desocupación
Marcos Novaro, sociólogo e investigador del Conicet, sostuvo que la conflictividad que vive el país se debe al aumento del desempleo, una caída del salario por la inflación y a una estrategia oficial contradictoria: por un lado anuncian medidas distributivas pero no hacen nada para evitar los problemas. “El kirchnerismo concentra el manejo de la economía y por eso todas las protestas se dirigen a ellos”, dijo.
Esteban Rodríguez, magister en ciencias sociales y coautor del libro la criminalización de la protesta social, agregó: “La protesta social habla de un malestar institucional; la incapacidad de las instituciones para canalizar y procesar las demandas. Pero también nos informa de una crisis del sistema político tradicional. La protesta nos dice de las materias pendientes de los gobiernos”.
Rodríguez añadió que la ola de protesta siempre estuvo presente en el país. “Desde hace un tiempo el Gobierno tomó nota de los reclamos, intentó ponerlos en caja apelando a la distribución, pero no aspiraba a la inclusión sino a la subsistencia”, añadió.
Roberto Baigorria, milita en la agrupación Barrios de Pie, una de las asociaciones que participó la semana pasada en los cortes en la Panamericana y que se multiplicó en varios puntos del país. “Hubo un crecimiento importante de la economía pero el proceso para sacar a los más excluidos fue lento. A mediados de
2007 notamos una situación de aumento de precios y la plata cada vez alcanzaba para menos”, dijo.
“Hay que observar la realidad tal cual es y actuar en consecuencia. Se instaló el debate por la pobreza. Es un llamado de atención”, añadió.
Otro de los grupos piqueteros involucrado en la protesta fue la Corriente Clasista y Combativa (CCC). El líder a nivel nacional, Juan Carlos Alderete, dijo: “Nosotros advertíamos que la conflictividad social venía creciendo pero el Gobierno no la quería ver y escondía las cifras. Así no resolvía los problemas.”

El recuerdo de 2001
Novaro sostuvo que la crisis social actual no es comparable a la de 2001. “La otra era una crisis financiera. Las protestas estaban orientadas a resolver un juego imposible. El Estado no podía devaluar sin declarar el default. Hubo, también, una alianza circunstancial entre los ahorristas que reclamaban sus dólares y los excluidos que acompañaron esas protestas. Ese escenario no es igual, pero sí el grado de conflictividad”, agregó.
Baigorria añadió: “No estamos en una situación de crisis terminal como la de 2001”.
El Gobierno que pidió que cesen los cortes y denunció que “hay algo detrás” de los piquetes.
Esa definición no cayó bien en los grupos piqueteros. Baigorria, de Barrios de Pie, dijo: “Lamentamos que el Gobierno tenga una visión sesgada. No hay que desconocer que hay sectores que pujan para que el Gobierno no termine el mandato, pero no tienen el peso político. Con el argumento de golpismo, el Gobierno
usa ese argumento para desacreditar a quien plantea quejas.”
Alderete opinó que la respuesta del Gobierno es “la descalificación permanente que hay alguien detrás. En vez de preocuparse en solucionar el conflicto, echan más leña al fuego. Esa declaración es una hipocresía enorme. La consecuencia de este modelo es que nos largan a las rutas a cortar calles”.

Marchas, desde La Quiaca a Ushuaia
Las protestas sociales se desparraman a lo largo de la geografía del país. En 17 provincias más Capital Federal hay algún tipo de conflicto en contra de
los gobiernos.
En Salta, los piqueteros del norte mantienen en vilo a la población con los cortes y enfrentamientos con empresas privadas por los puestos laborales.
Chaco vivió una situación difícil. Sandra Mendoza, la aún esposa del gobernador Jorge Capitanich -que inició el juicio de divorcio- participó de una
protesta de desocupados en contra de su marido.
Tucumán: los médicos jaquean al Gobierno de José Alperovich en reclamo de aumentos salariales. Cada vez más gente se suma a la protesta para acompañar a los profesionales de la salud. En Santiago del Estero y Jujuy también hay protestas de médicos.
Los docentes pusieron entre la espada y la pared a los gobernadores de Entre Ríos y Catamarca. Los petroleros marchan en Río Negro, Chubut y Neuquén. Los estatales en Formosa, Tierra del Fuego, La Rioja y Córdoba. Allí también protestan empleados de Luz y Fuerza.
Mendoza enfrenta problemas con los choferes de colectivos. Santa Fe con metalúrgicos en la empresa Paraná Metal, cuyo dueño es el empresario kirchnerista Lázaro Báez, también controla el juego. Buenos Aires y Capital también están cercadas por conflictos sociales.


Piqueteros que pasaron de ser aliados a enemigos

Cuando Néstor Kirchner asumió la presidencia el 25 de mayo de 2003 heredó el problema de los cortes de rutas y el auge de los movimientos sociales que se multiplicaron durante la crisis de 2001, que terminó con el gobierno de la Alianza.
Una de las primeras medidas que tomó Kirchner cuando desembarcó en la Casa Rosada fue citar a los líderes piqueteros. El encargado de ejecutar el operativo cooptación fue el secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli.
A partir del encuentro que mantuvieron varios dirigentes en la Casa Rosada con Parrilli -Kirchner había pasado un rato por la reunión para saludar a los piqueteros- varias organizaciones se alinearon con el oficialismo. Tanto fue así que Luis D’Elía (Federación Tierra y Vivienda) se quedó con un cargo en el Gobierno y Jorge Ceballos (Barrios de Pie, la rama piquetera del partido Libres del Sur) desembarcó en el Ministerio de Desarrollo Social que conduce Alicia
Kirchner.
Las relaciones con otros grupos piqueteros fue a través de microemprendimientos y planes sociales para distribuir entre los militantes de cada organización.
Los que arreglaron cargos públicos con el oficialismo y los que no obtuvieron recursos estatales.
Ahora, cuando los cortes de ruta son en contra del Gobierno nacional, el matrimonio Kirchner pidió que respeten los derechos de los terceros.
Y encima, los piqueteros que eran aliados, ahora están en la vereda de enfrente. Sólo les quedan los leales Luis D’Elía y Emilio Pérsico, dirigente del Movimiento Evita. La lista de aliados es cada vez más corta. Un signo de la debilidad kirchnerista.