En 2008 se aprobaron 119 normas, de las cuales 67 fueron redactadas por el Gobierno. Diputados propuso 30 y 22 el Senado.
José Ignacio Sbrocco
El Tribuno
La Casa Rosada tuvo una fuerte injerencia en el trabajo del Congreso el año pasado. Por eso, una de las grandes preocupaciones del kirchnerismo para estas elecciones es conservar la mayoría en las dos cámaras.
La tesis que el Congreso se convirtió virtualmente en una escribanía de la Casa Rosada tiene más peso cuando se comparan los números. Durante el período de 126 sesiones, entre el 1º de marzo de 2008 y el 28 de febrero de 2009, se sancionaron 119 leyes en el Congreso, según datos oficiales. La mayoría de esas normas fueron impulsadas por el Poder Ejecutivo: 67, es decir, el 56,3 por ciento.
En la Cámara de Diputados se impulsaron 30 proyectos de ley, el 25,2 por ciento. En tanto, el Senado colaboró con 22 leyes que se aprobaron el año pasado, es decir, el 18,5 por ciento del total.
De los 67 proyectos armados en la Casa Rosada, 40 ingresaron y fueron tratados primero por el Senado. En los 27 restantes, el debate arrancó en la Cámara de Diputados.
Durante ese período, el Congreso trató leyes polémicas: las retenciones a las exportaciones de granos, las estatizaciones de Aerolíneas y de las AFJP, y el blanqueo de capitales, entre otras. El Gobierno salió airoso de
todos, menos de las retenciones. El vicepresidente Julio Cobos desempató con su voto “no positivo” en el Senado, cuando la iniciativa ya tenía media sanción de la Cámara baja.
Todas estas leyes tienen una coincidencia: todas ingresaron en Diputados.
El panorama en 2009
Este año, a pesar de la parálisis en el Congreso, no empezó diferente. El 26 de marzo el Senado convirtió en ley el adelanto de las elecciones para el 28 de junio, cuando originalmente estaba prevista para el último domingo de octubre.
“No tiene nada de malo que el Poder Ejecutivo proponga leyes”, dijo Pablo Secchi, director de Instituciones Políticas y Gobierno de la organización Poder Ciudadano.
“Lo importante -agregó- es que el Congreso desempeñe bien sus tres funciones: representar bien a la ciudadanía, aprobar leyes y controlar al Poder Ejecutivo con un análisis profundo de las leyes que envía”.
El único eslogan de campaña del kirchnerismo tiende a esto mismo: a convencer a la población para que vote al oficialismo y conserve la mayoría. Así, los proyectos de la Casa Rosada seguirían teniendo vía libre en el Congreso.
“Es política pura. Todo Poder Ejecutivo quiere tener la mayoría en el Congreso para que apoye las iniciativas. Pero plantear que es un partido político o un caos no se puede avalar desde ningún punto de vista”, añadió Secchi.
“Nosotros o el caos”, “Si no tenemos mayoría, el país volverá a la situación de 2001”. Con esas frases, el ex presidente y candidato a diputado por Buenos Aires Néstor Kirchner suplicó el voto de la gente. En sus últimas apariciones públicas señaló que es importante ganar, aunque sea por un voto. Su objetivo, que el Congreso siga siendo una escribanía. Pero el resultado de una elección parlamentaria se mide de otra forma: cuántas bancas se ponen en juego y cuántas se obtienen. Al parecer, el kirchnerismo obtendría menos bancas de las que arriesga.
Cuando la intolerancia se convierte en una presión a la prensa
El matrimonio que gobierna Tucumán acaba de demostrar la intolerancia con los periodistas que no escriben lo que los Alperovich pretenden leer.
Hace poco publiqué en El Tribuno una nota sobre el patrimonio de Beatriz Rojkés de Alperovich, y la primera dama de Tucumán y candidata a senadora nacional me envió una carta documento porque supuestamente, con la nota, lesioné su honor. Obvio, le contesté con otra carta documento en la que ratifico el contenido de la publicación y que en ningún momento injurié ni calumnié ni a ella ni a nadie de su familia, sino que la nota plantea, legalmente, el interrogante sobre la configuración de su patrimonio. Sobre todo, cuando la llamé para que diera su versión, pero no quiso atender.
Claramente se trata de una maniobra para presionar porque en la carta documento no me pide que me rectifique ni me da un plazo para ello. El Tribuno, por una decisión editorial, no va a publicar esta forma de presión. Pero yo sí.
Una aclaración: Pese a que la nota salió publicada en el diario para el cual yo trabajo en relación de dependencia, Alperovich me envió la intimación a la casa de mis padres. Es decir, me apunta a mi y no al medio para el cual trabajo, que es donde se publicó.
A continuación voy a transcribir, textualmente, la carta documento que me mandó y la respuesta.
Sr José Ignacio Sbrocco
Presente
En el carácter de apoderado de la señora Beatriz Rojkés de Alperovich conforme instrumento público otorgado por ante el escribano Juan Carlos Benedicto, titular del registro número 25 de esta provincia -escritura 202- y siguiendo expresas instrucciones de mi poderdante, pongo en su conocimiento por este medio fehaciente, que frente al contenido del artículo publicado en el diario El Tribuno de Tucumán en su edición de jueves 23 del mes de abril, pagina 7, y del cual surge su autoría material, en la que efectúa, de manera deliberada e intencional, falsas y temerarias afirmaciones sobre la persona de mi instituyente y su conducta, se iniciaran las acciones judiciales en defensa del honor e integridad familiar atacados.
Dado el dominio público de su artículo, sus imputaciones sin fundamentos, -que evidencian absoluta despreocupación por verificar la realidad de la información- nos ponen frente a un ataque al honor que constituye una lesión inmediata a la dignidad de la persona en sus materializaciones mínimas. Usted, a través de la publicación realizada, intenta generar ante la opinión pública –falazmente- sospechas y/o mal juicio de las acciones y conductas de mi mandante. Mediante la titulación del artículo, y los datos aportados en el cuerpo del mismo -conociendo la falsedad de la noticia- obró con malicia con el único propósito de injuriar manifestando que la conducta de mi instituyente inspira sospecha y desconfianza, descalificándola en su honor.
La injuria a un político conlleva la inmediatez de reparación, porque sin dudas inviste una personalidad no común sino de expectabilidad. Esa singular característica que los distingue (notoriedad, trascendencia, y jerarquía de la actividad en el plano comunitario), necesariamente impone la automaticidad reparatoria y pública que se reclama y exige.
Me permito reflexionar: El buen periodista, tiene la obligación profesional de informar con veracidad y manejar la información -adecuadamente verificada- en forma racional, en función de la información del público y no de otros intereses. Jamás en el ejercicio de la libertad de expresión –en el estado de derecho- se debe utilizar la posición de informador para difundir nociones arbitrarias o no comprobadas, ni tampoco para zaherir, desmerecer sus cualidades o insinuar por parte de ellos la comisión de conductas irregulares. En otras palabras, la verdadera libertad, implica libertad con responsabilidad.
El honor, constituye un valor que hace, no solo a la dignidad de las personas, sino también que se trasluce como un valor ético y social de actuación, del cual surge una pretensión de respeto. Y es esa pretensión la que protege la ley y hará valer en el ámbito de la Justicia en defensa de su honor e integridad personal y la de su grupo familiar.
La respuesta, enviada hoy 20 de mayo desde Salta.
Fue dirigida a su abogado, José Agustín Ferrari
Rechazo su carta documento por errónea, extemporánea e improcedente. La nota periodística se trata de una información veraz y objetiva que reconoce fuetnes fidedignas e incuestionables, maxime aun cuando se origina en la declaración jurada presentada por su mandante.
La noticia en cuestión en modo alguno (debería decir de ningún modo) se trata de un caso de real malicia ni persigue producir injuria o calumnia en su instituyente o familia. Por lo tanto desconozco que contenga ofensas al honor u otros derechos de su representada. Independientemente de lo expuesto precedentemente, le hago saber a ud que la nota periodística de mi autoría se limita a plantear un informe legítimo sobre la configuración de un patrimonio, considerando que su mandante no suministró la información que permita determinar el origen de su composición. De todos modos, las páginas de nuestro diario siempre están abiertas a los interesados en aclarar o dilucidar temas de interes institucional como es el que alude la nota erróneamente se cuestiona de vuestra parte, para poder satisfacer el derecho de información del pueblo. Debiendo tener presente que antes de la publicación de mi parte intenté comunicarme con su representada al telefono celular 0381-155039222 y 0381-154596565 recibiendo como unica respuesta que la sra de Alperovich no me podria atender por encontrarse en campaña política, ni atendería al diario El Tribuno, siendo menester recordar que este es el unico medio que ha resaltado a su cliente por ser una de las pocas funcionarias que presentan su declaración jurada.
Queda ud legalmente notificado
José Ignacio Sbrocco
Hace poco publiqué en El Tribuno una nota sobre el patrimonio de Beatriz Rojkés de Alperovich, y la primera dama de Tucumán y candidata a senadora nacional me envió una carta documento porque supuestamente, con la nota, lesioné su honor. Obvio, le contesté con otra carta documento en la que ratifico el contenido de la publicación y que en ningún momento injurié ni calumnié ni a ella ni a nadie de su familia, sino que la nota plantea, legalmente, el interrogante sobre la configuración de su patrimonio. Sobre todo, cuando la llamé para que diera su versión, pero no quiso atender.
Claramente se trata de una maniobra para presionar porque en la carta documento no me pide que me rectifique ni me da un plazo para ello. El Tribuno, por una decisión editorial, no va a publicar esta forma de presión. Pero yo sí.
Una aclaración: Pese a que la nota salió publicada en el diario para el cual yo trabajo en relación de dependencia, Alperovich me envió la intimación a la casa de mis padres. Es decir, me apunta a mi y no al medio para el cual trabajo, que es donde se publicó.
A continuación voy a transcribir, textualmente, la carta documento que me mandó y la respuesta.
Sr José Ignacio Sbrocco
Presente
En el carácter de apoderado de la señora Beatriz Rojkés de Alperovich conforme instrumento público otorgado por ante el escribano Juan Carlos Benedicto, titular del registro número 25 de esta provincia -escritura 202- y siguiendo expresas instrucciones de mi poderdante, pongo en su conocimiento por este medio fehaciente, que frente al contenido del artículo publicado en el diario El Tribuno de Tucumán en su edición de jueves 23 del mes de abril, pagina 7, y del cual surge su autoría material, en la que efectúa, de manera deliberada e intencional, falsas y temerarias afirmaciones sobre la persona de mi instituyente y su conducta, se iniciaran las acciones judiciales en defensa del honor e integridad familiar atacados.
Dado el dominio público de su artículo, sus imputaciones sin fundamentos, -que evidencian absoluta despreocupación por verificar la realidad de la información- nos ponen frente a un ataque al honor que constituye una lesión inmediata a la dignidad de la persona en sus materializaciones mínimas. Usted, a través de la publicación realizada, intenta generar ante la opinión pública –falazmente- sospechas y/o mal juicio de las acciones y conductas de mi mandante. Mediante la titulación del artículo, y los datos aportados en el cuerpo del mismo -conociendo la falsedad de la noticia- obró con malicia con el único propósito de injuriar manifestando que la conducta de mi instituyente inspira sospecha y desconfianza, descalificándola en su honor.
La injuria a un político conlleva la inmediatez de reparación, porque sin dudas inviste una personalidad no común sino de expectabilidad. Esa singular característica que los distingue (notoriedad, trascendencia, y jerarquía de la actividad en el plano comunitario), necesariamente impone la automaticidad reparatoria y pública que se reclama y exige.
Me permito reflexionar: El buen periodista, tiene la obligación profesional de informar con veracidad y manejar la información -adecuadamente verificada- en forma racional, en función de la información del público y no de otros intereses. Jamás en el ejercicio de la libertad de expresión –en el estado de derecho- se debe utilizar la posición de informador para difundir nociones arbitrarias o no comprobadas, ni tampoco para zaherir, desmerecer sus cualidades o insinuar por parte de ellos la comisión de conductas irregulares. En otras palabras, la verdadera libertad, implica libertad con responsabilidad.
El honor, constituye un valor que hace, no solo a la dignidad de las personas, sino también que se trasluce como un valor ético y social de actuación, del cual surge una pretensión de respeto. Y es esa pretensión la que protege la ley y hará valer en el ámbito de la Justicia en defensa de su honor e integridad personal y la de su grupo familiar.
La respuesta, enviada hoy 20 de mayo desde Salta.
Fue dirigida a su abogado, José Agustín Ferrari
Rechazo su carta documento por errónea, extemporánea e improcedente. La nota periodística se trata de una información veraz y objetiva que reconoce fuetnes fidedignas e incuestionables, maxime aun cuando se origina en la declaración jurada presentada por su mandante.
La noticia en cuestión en modo alguno (debería decir de ningún modo) se trata de un caso de real malicia ni persigue producir injuria o calumnia en su instituyente o familia. Por lo tanto desconozco que contenga ofensas al honor u otros derechos de su representada. Independientemente de lo expuesto precedentemente, le hago saber a ud que la nota periodística de mi autoría se limita a plantear un informe legítimo sobre la configuración de un patrimonio, considerando que su mandante no suministró la información que permita determinar el origen de su composición. De todos modos, las páginas de nuestro diario siempre están abiertas a los interesados en aclarar o dilucidar temas de interes institucional como es el que alude la nota erróneamente se cuestiona de vuestra parte, para poder satisfacer el derecho de información del pueblo. Debiendo tener presente que antes de la publicación de mi parte intenté comunicarme con su representada al telefono celular 0381-155039222 y 0381-154596565 recibiendo como unica respuesta que la sra de Alperovich no me podria atender por encontrarse en campaña política, ni atendería al diario El Tribuno, siendo menester recordar que este es el unico medio que ha resaltado a su cliente por ser una de las pocas funcionarias que presentan su declaración jurada.
Queda ud legalmente notificado
José Ignacio Sbrocco
Cómo se desempeñaron los diputados nacionales que finalizan su mandato
Como en todo año electoral, la parálisis en el parlamento es casi total. Pocas intervenciones en el recinto. Excepciones.
Por José Ignacio Sbrocco
El Tribuno
“Aquí mueren todos los famosos”. Con ese letrero que tenía colgado en la puerta de su despacho, un ex diputado cordobés graficaba el paso inadvertido de muchos parlamentarios que suelen finalizar su mandato sin penas ni gloria, y los diputados del norte no son la excepción.
La mayoría tuvo escasa intervención en el recinto y sólo un ínfimo porcentaje de los proyectos de ley presentados beneficiaron directamente a sus provincias. ¿Cómo se mide su eficiencia? Según Fernando Straface, director del programa Política y Gestión de Gobierno de Cippec, una de las formas de analizar la productividad de un legislador es a través de los proyectos de ley para sus provincias.
“El trabajo también se mide en las votaciones, en los trabajos de comisión, en los proyectos de ley que llevan su firma y en las reuniones que mantienen para consensuar las iniciativas”, añadió. Para 2009, el presupuesto de la Cámara de Diputados es poco más de 500 millones de pesos. Este año, marcado por el año electoral, cada diputado costará al Estado unos 162 mil pesos al mes, es decir, 1,94 millones al año, según datos del presupuesto nacional.
De los cuatro diputados tucumanos que terminan su mandato, dos buscarán la reelección en los comicios del 28 de junio: Stella Maris Córdoba y Juan Salim, segunda y tercero de la lista armada y digitada por el gobernador José Alperovich, respectivamente. La primera presentó 49 proyectos de ley en su último paso por el Congreso (había sido legisladora en el período anterior), cinco relacionados con Tucumán y habló 19 vecesen el recinto: seis veces en 2006, dos veces en 2007 y 11 en 2008. Salim presentó 84 proyectos, sólo dos dirigidos expresamente a Tucumán. Su voz se escuchó tres veces en el recinto, todas en 2008. Beatriz Rojkés de Alperovich, que buscará su pasaporte para el Senado, firmó 81 proyectos, sólo tres que nombran a la provincia. Sólo opinó ocho veces en su paso por la Cámara. Un promedio de dos por año.
Alberto Herrera, un veterano caudillo de Leales, al este tucumano, presentó 22 iniciativas de ley, ocho dirigidas a la provincia. Pero, al menos hasta el momento, sus colegas se quedaron con las ganas de escucharlo debatir en el recinto. Según documentos oficiales de la Cámara de Diputados, en su último mandato no tuvo intervenciones en ningún debate legislativo.
Salta
Tres legisladores nacionales por Salta finalizan su mandato en diciembre y ninguno busca la reelección: Susana Canela y Osvaldo Salum, del Frente para la Victoria, y María Inés Diez, del Partido Renovador. En sus cuatro años en el Congreso, Canela presentó 49 proyectos de ley, siete referidos a Salta. Su participación en el recinto fue escueta. Sólo habló seis veces. Intervino una vez en 2006, cuatro en 2007 y sólo una en 2008, según datos publicados en la página de internet de Diputados (www.hcdn.gov.ar).
Salum impulsó 31 iniciativas, nueve relacionadas con Salta. Salum votó en contra de los intereses de su provincia en las polémicas retenciones al agro. En cambio, impulsó cambios en la ley de bosques, que sí beneficiaron a Salta. Su voz se escuchó 16 veces en el recinto: cinco en 2006, seis en 2007 y cinco en 2008.
El caso de María Inés Diez es distinto. Ella ingresó en la Cámara el 4 de diciembre de 2007 en reemplazo de Andrés Zottos, quien dejó su banca en el Congreso para asumir como vicegobernador de Salta. En un año y medio de gestión presentó 30 proyectos de ley, siete referidos a Salta. En el recinto fue la que más habló: 33 veces, 5 en 2007 y 28 en 2008.
Jujuy
El paso de la diputada jujeña Carolina Moisés por la Cámara tal vez pase más inadvertido. Presentó 24 proyectos de ley, aunque sólo uno referido específicamente a Jujuy. Tuvo sólo tres intervenciones en el Congreso: dos en 2007 y uno en 2008. Vence su mandato en diciembre y es candidata a legisladora provincial. “Puede ser un error no haber presentado más proyectos relacionados con mi provincia, pero hemos defendido a la industria azucarera, a los tabacaleros, las modificaciones de laley de bosques que perjudicaban al Norte”, dijo a El Tribuno.
Carlos Snopek, quien buscará seguir en la Cámara, presentó 44 iniciativas de ley, sólo dos favorecen a su provincia. Tuvo bastante participación en los debates: 144 veces. Lo ayudó que entre 2006 y 2007 fuera presidente de la comisión de presupuesto y, por ende, era el miembro informante. En esos dos años habló 132 veces. Cuando dejó esa estratégica comisión, su productividad también cayó. En 2008 sólo habló 12 veces.
Alejandro Nieva renunció a su banca en febrero para asumir en la Auditoría General de la Nación (AGN). Su lugar será ocupado por Betina de Siufi, quien ya ocupa su despacho, pero por la parálisis del Congreso aún no pudo asumir. Recién el miércoles podrá jurar.
Por José Ignacio Sbrocco
El Tribuno
“Aquí mueren todos los famosos”. Con ese letrero que tenía colgado en la puerta de su despacho, un ex diputado cordobés graficaba el paso inadvertido de muchos parlamentarios que suelen finalizar su mandato sin penas ni gloria, y los diputados del norte no son la excepción.
La mayoría tuvo escasa intervención en el recinto y sólo un ínfimo porcentaje de los proyectos de ley presentados beneficiaron directamente a sus provincias. ¿Cómo se mide su eficiencia? Según Fernando Straface, director del programa Política y Gestión de Gobierno de Cippec, una de las formas de analizar la productividad de un legislador es a través de los proyectos de ley para sus provincias.
“El trabajo también se mide en las votaciones, en los trabajos de comisión, en los proyectos de ley que llevan su firma y en las reuniones que mantienen para consensuar las iniciativas”, añadió. Para 2009, el presupuesto de la Cámara de Diputados es poco más de 500 millones de pesos. Este año, marcado por el año electoral, cada diputado costará al Estado unos 162 mil pesos al mes, es decir, 1,94 millones al año, según datos del presupuesto nacional.
De los cuatro diputados tucumanos que terminan su mandato, dos buscarán la reelección en los comicios del 28 de junio: Stella Maris Córdoba y Juan Salim, segunda y tercero de la lista armada y digitada por el gobernador José Alperovich, respectivamente. La primera presentó 49 proyectos de ley en su último paso por el Congreso (había sido legisladora en el período anterior), cinco relacionados con Tucumán y habló 19 vecesen el recinto: seis veces en 2006, dos veces en 2007 y 11 en 2008. Salim presentó 84 proyectos, sólo dos dirigidos expresamente a Tucumán. Su voz se escuchó tres veces en el recinto, todas en 2008. Beatriz Rojkés de Alperovich, que buscará su pasaporte para el Senado, firmó 81 proyectos, sólo tres que nombran a la provincia. Sólo opinó ocho veces en su paso por la Cámara. Un promedio de dos por año.
Alberto Herrera, un veterano caudillo de Leales, al este tucumano, presentó 22 iniciativas de ley, ocho dirigidas a la provincia. Pero, al menos hasta el momento, sus colegas se quedaron con las ganas de escucharlo debatir en el recinto. Según documentos oficiales de la Cámara de Diputados, en su último mandato no tuvo intervenciones en ningún debate legislativo.
Salta
Tres legisladores nacionales por Salta finalizan su mandato en diciembre y ninguno busca la reelección: Susana Canela y Osvaldo Salum, del Frente para la Victoria, y María Inés Diez, del Partido Renovador. En sus cuatro años en el Congreso, Canela presentó 49 proyectos de ley, siete referidos a Salta. Su participación en el recinto fue escueta. Sólo habló seis veces. Intervino una vez en 2006, cuatro en 2007 y sólo una en 2008, según datos publicados en la página de internet de Diputados (www.hcdn.gov.ar).
Salum impulsó 31 iniciativas, nueve relacionadas con Salta. Salum votó en contra de los intereses de su provincia en las polémicas retenciones al agro. En cambio, impulsó cambios en la ley de bosques, que sí beneficiaron a Salta. Su voz se escuchó 16 veces en el recinto: cinco en 2006, seis en 2007 y cinco en 2008.
El caso de María Inés Diez es distinto. Ella ingresó en la Cámara el 4 de diciembre de 2007 en reemplazo de Andrés Zottos, quien dejó su banca en el Congreso para asumir como vicegobernador de Salta. En un año y medio de gestión presentó 30 proyectos de ley, siete referidos a Salta. En el recinto fue la que más habló: 33 veces, 5 en 2007 y 28 en 2008.
Jujuy
El paso de la diputada jujeña Carolina Moisés por la Cámara tal vez pase más inadvertido. Presentó 24 proyectos de ley, aunque sólo uno referido específicamente a Jujuy. Tuvo sólo tres intervenciones en el Congreso: dos en 2007 y uno en 2008. Vence su mandato en diciembre y es candidata a legisladora provincial. “Puede ser un error no haber presentado más proyectos relacionados con mi provincia, pero hemos defendido a la industria azucarera, a los tabacaleros, las modificaciones de laley de bosques que perjudicaban al Norte”, dijo a El Tribuno.
Carlos Snopek, quien buscará seguir en la Cámara, presentó 44 iniciativas de ley, sólo dos favorecen a su provincia. Tuvo bastante participación en los debates: 144 veces. Lo ayudó que entre 2006 y 2007 fuera presidente de la comisión de presupuesto y, por ende, era el miembro informante. En esos dos años habló 132 veces. Cuando dejó esa estratégica comisión, su productividad también cayó. En 2008 sólo habló 12 veces.
Alejandro Nieva renunció a su banca en febrero para asumir en la Auditoría General de la Nación (AGN). Su lugar será ocupado por Betina de Siufi, quien ya ocupa su despacho, pero por la parálisis del Congreso aún no pudo asumir. Recién el miércoles podrá jurar.
Sólo el 16% de los diputados presentaron sus declaraciones juradas
Varias ONG especializadas en la transparencia de la gestión pública cuestionan la forma en que los legisladores publican sus bienes.
Por José Ignacio Sbrocco
El Tribuno
A fin de mes vence el plazo para que diputados y senadores nacionales presenten sus declaraciones juradas, pero hasta el momento muy pocos cumplieron con ese trámite. Sólo 43 diputados presentaron sus declaraciones de bienes sobre un total de 256 parlamentarios. Es decir, sólo el 16,8 por ciento de los parlamentarios presentó la documentación.
En el Senado, el porcentaje es mayor. Según fuentes de la Secretaría Administrativa de la Cámara Alta , el senador salteño Juan Carlos Romero fue el único legislador que presentó su documentación. Los otros 71 deberán cumplir hasta fin de mes con ese requisito.
En un año electoral de mitad de mandato, en el que se renueva la mitad de ambas Cámaras del Congreso, se pone la lupa en la tarea de los parlamentarios. María Barón, directora ejecutiva de la ONG Directorio Legislativo, señaló que, en general, los legisladores no cumplen con el contenido de la declaración jurada. “Salvo orden judicial nadie revisa que la información sea verídica, sólo nosotros”, señaló.
Un ejemplo es la diputada nacional por Tucumán Beatriz Rojkés de Alperovich, esposa del gobernador tucumano y candidata a senadora nacional por el Frente para la Victoria. En su declaración jurada presentada en 2007 omitió dar a conocer los bienes de su marido, pese a que la ley de ética pública expresamente señala que debe presentar los bienes de sus convivientes, que incluye a su cónyuge. “Los bienes declarados en la presente corresponden a los declarados impositivamente en forma personal y no incluye los bienes declarados impositivamente por cónyuge”, argumentó en su documentación, tal como informó El Tribuno en su edición del 23 de abril último.
Controles
En diálogo con El Tribuno, Manuel Garrido, director de Justicia y Transparencia del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), recordó que la Ley de Etica Pública, sancionada hace 10 años, prevé la creación del Comité Nacional de Etica Pública que sería el encargado de controlar las declaraciones de bienes de los legisladores. “Ese órgano nunca se constituyó así que nadie hace los controles”.
La Oficina Anticorrupción (OA), un organismo manejado por el kirchnerista Julio Vitobello, es la encargada de controlar a los funcionarios del Poder Ejecutivo. La oposición lo cuestiona por su estrecha relación con Néstor Kirchner y que eso sería un impedimento para que avancen las denuncias contra los funcionarios. Pero la OA sólo controla a los integrantes del gabinete nacional. Nadie se encarga de controlar los bienes de los integrantes del Poder Legislativo, Judicial ni del Ministerio Público Fiscal, a cargo de otro funcionario cuestionado: Esteban Righi.
Garrido agregó que los controles son indirectos. “La Ley de Etica Pública obliga a dar a conocer la declaración de los bienes y las ONG y los medios de comunicación hacen esos controles”.
“La falta de seguimiento de las declaraciones juradas –añadió– esteriliza su función preventiva”.
“Deberían estar en Internet”
El director del área de Instituciones Políticas y Gobierno de la fundación Poder Ciudadano, Pablo Secchi, fue contundente: “Para darle más transparencia a las declaraciones juradas de los legisladores deberían estar publicadas en Internet para que cualquier persona tenga acceso a ellas”. Pero hay una traba. “Muchos diputados y senadores no quieren que se de a conocer sus bienes. Para acceder a ellas hay que enviar notas a las Secretarías Administrativas de las dos Cámaras, pero sólo las del Senado las entrega. Obtener las de los diputados es mucho más difícil, incluso para las ONG”, señaló.
“La Comisión Nacional de Etica Pública es el organismo creado por la ley para revisar las declaraciones juradas pero nunca se puso en funciones. Actualmente, la Secretaría Administrativa de cada Cámara es la que recibe la información, pero nadie controla si se omitió algún dato o si se pusieron datos falsos”, concluyó.
Un error que puede llegar a costar caro
La presentación de las declaraciones juradas de los funcionarios públicos podría traer grandes dolores de cabeza. La ley de Etica Pública prevé sanciones para algunos incumplimientos, que podrían configurar un delito. Cualquier error u omisión de los datos puede ser investigado por la Justicia Federal , previa denuncia.
Esto se debe a que nunca comenzó a funcionar la Comisión Nacional de Etica Pública, que debería haber sido creada hace 10 años.
Por ejemplo, la diputada nacional Beatriz Rojkés de Alperovich, en la última declaración jurada de ella que se dio a conocer (presentada en 2007), señaló que no tiene trabajo en relación de dependencia. Sin embargo, ella es empleada del Congreso de la Nación por su cargo público. Fue electa en 2005 y finaliza su mandato en diciembre próximo.
Lo curioso es que pese a que la primera dama de Tucumán dice que no es empleada, en la sección “mis aportes” de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la candidata a senadora nacional tiene los aportes pagados. La primera dama figura declarada por su empleador, en este caso el Congreso. Tiene “pagado” los aportes de seguridad social y la contribución patronal para obra social, que equivale al 6% del remunerativo. Por tener un régimen especial, a la diputada no le descuentan los aportes para la obra social, que para cualquier trabajador es del 3%.
En esa presentación, tal como informó El Tribuno en su edición del 23 de abril, la esposa del gobernador tucumano José Alperovich omitió incluir los bienes de su esposo, pese a que es un requisito de la ley de ética pública. Alperovich, heredero de un empresario tucumano, suele comentar –algunas veces en forma pública pero sin ninguna documentación que lo respalde– que es productor sojero. Es uno de los accionistas de León Alperovich Group, que tiene una concesionaria oficial de autos. También vende camiones y maquinaria agrícola. La familia controla un hotel y una empresa constructora. Como en Tucumán el gobernador no está obligado a presentar una declaración jurada, no hay constancia de los bienes del mandatario.
Las claves:
La Secretaría Administrativa del Congreso recién abrirá, ante escribano público, las declaraciones juradas de los diputados y senadores cuando estén todas presentadas. Hasta el momento, sólo informan quiénes cumplieron el trámite. La Justicia Federal de la Capital Federal es la autoridad competente para entender las denuncias por las supuestas irregularidades que pudieran contener las declaraciones de bienes de los funcionarios. ¿Por qué en Capital Federal y no los fueros del interior? Porque los parlamentarios presentan en ese distrito las declaraciones de su patrimonio. La ley de ética pública prevé tres tipos de incumplimientos de la ley, que están configurados como delitos.
a) La no presentación de la declaración jurada. El organismo encargado de recabar las declaraciones juradas puede intimar al funcionario que no cumpla con ese requisito.
b) Es un delito que un funcionario que omita en la declaración jurada la información que debe contener, según lo establece la ley de Etica Pública.
c) Otra causal de incumplimiento de la normativa que rige la presentación de declaraciones juradas es que un funcionario informe datos falsos.
Por José Ignacio Sbrocco
El Tribuno
A fin de mes vence el plazo para que diputados y senadores nacionales presenten sus declaraciones juradas, pero hasta el momento muy pocos cumplieron con ese trámite. Sólo 43 diputados presentaron sus declaraciones de bienes sobre un total de 256 parlamentarios. Es decir, sólo el 16,8 por ciento de los parlamentarios presentó la documentación.
En el Senado, el porcentaje es mayor. Según fuentes de la Secretaría Administrativa de la Cámara Alta , el senador salteño Juan Carlos Romero fue el único legislador que presentó su documentación. Los otros 71 deberán cumplir hasta fin de mes con ese requisito.
En un año electoral de mitad de mandato, en el que se renueva la mitad de ambas Cámaras del Congreso, se pone la lupa en la tarea de los parlamentarios. María Barón, directora ejecutiva de la ONG Directorio Legislativo, señaló que, en general, los legisladores no cumplen con el contenido de la declaración jurada. “Salvo orden judicial nadie revisa que la información sea verídica, sólo nosotros”, señaló.
Un ejemplo es la diputada nacional por Tucumán Beatriz Rojkés de Alperovich, esposa del gobernador tucumano y candidata a senadora nacional por el Frente para la Victoria. En su declaración jurada presentada en 2007 omitió dar a conocer los bienes de su marido, pese a que la ley de ética pública expresamente señala que debe presentar los bienes de sus convivientes, que incluye a su cónyuge. “Los bienes declarados en la presente corresponden a los declarados impositivamente en forma personal y no incluye los bienes declarados impositivamente por cónyuge”, argumentó en su documentación, tal como informó El Tribuno en su edición del 23 de abril último.
Controles
En diálogo con El Tribuno, Manuel Garrido, director de Justicia y Transparencia del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), recordó que la Ley de Etica Pública, sancionada hace 10 años, prevé la creación del Comité Nacional de Etica Pública que sería el encargado de controlar las declaraciones de bienes de los legisladores. “Ese órgano nunca se constituyó así que nadie hace los controles”.
La Oficina Anticorrupción (OA), un organismo manejado por el kirchnerista Julio Vitobello, es la encargada de controlar a los funcionarios del Poder Ejecutivo. La oposición lo cuestiona por su estrecha relación con Néstor Kirchner y que eso sería un impedimento para que avancen las denuncias contra los funcionarios. Pero la OA sólo controla a los integrantes del gabinete nacional. Nadie se encarga de controlar los bienes de los integrantes del Poder Legislativo, Judicial ni del Ministerio Público Fiscal, a cargo de otro funcionario cuestionado: Esteban Righi.
Garrido agregó que los controles son indirectos. “La Ley de Etica Pública obliga a dar a conocer la declaración de los bienes y las ONG y los medios de comunicación hacen esos controles”.
“La falta de seguimiento de las declaraciones juradas –añadió– esteriliza su función preventiva”.
“Deberían estar en Internet”
El director del área de Instituciones Políticas y Gobierno de la fundación Poder Ciudadano, Pablo Secchi, fue contundente: “Para darle más transparencia a las declaraciones juradas de los legisladores deberían estar publicadas en Internet para que cualquier persona tenga acceso a ellas”. Pero hay una traba. “Muchos diputados y senadores no quieren que se de a conocer sus bienes. Para acceder a ellas hay que enviar notas a las Secretarías Administrativas de las dos Cámaras, pero sólo las del Senado las entrega. Obtener las de los diputados es mucho más difícil, incluso para las ONG”, señaló.
“La Comisión Nacional de Etica Pública es el organismo creado por la ley para revisar las declaraciones juradas pero nunca se puso en funciones. Actualmente, la Secretaría Administrativa de cada Cámara es la que recibe la información, pero nadie controla si se omitió algún dato o si se pusieron datos falsos”, concluyó.
Un error que puede llegar a costar caro
La presentación de las declaraciones juradas de los funcionarios públicos podría traer grandes dolores de cabeza. La ley de Etica Pública prevé sanciones para algunos incumplimientos, que podrían configurar un delito. Cualquier error u omisión de los datos puede ser investigado por la Justicia Federal , previa denuncia.
Esto se debe a que nunca comenzó a funcionar la Comisión Nacional de Etica Pública, que debería haber sido creada hace 10 años.
Por ejemplo, la diputada nacional Beatriz Rojkés de Alperovich, en la última declaración jurada de ella que se dio a conocer (presentada en 2007), señaló que no tiene trabajo en relación de dependencia. Sin embargo, ella es empleada del Congreso de la Nación por su cargo público. Fue electa en 2005 y finaliza su mandato en diciembre próximo.
Lo curioso es que pese a que la primera dama de Tucumán dice que no es empleada, en la sección “mis aportes” de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la candidata a senadora nacional tiene los aportes pagados. La primera dama figura declarada por su empleador, en este caso el Congreso. Tiene “pagado” los aportes de seguridad social y la contribución patronal para obra social, que equivale al 6% del remunerativo. Por tener un régimen especial, a la diputada no le descuentan los aportes para la obra social, que para cualquier trabajador es del 3%.
En esa presentación, tal como informó El Tribuno en su edición del 23 de abril, la esposa del gobernador tucumano José Alperovich omitió incluir los bienes de su esposo, pese a que es un requisito de la ley de ética pública. Alperovich, heredero de un empresario tucumano, suele comentar –algunas veces en forma pública pero sin ninguna documentación que lo respalde– que es productor sojero. Es uno de los accionistas de León Alperovich Group, que tiene una concesionaria oficial de autos. También vende camiones y maquinaria agrícola. La familia controla un hotel y una empresa constructora. Como en Tucumán el gobernador no está obligado a presentar una declaración jurada, no hay constancia de los bienes del mandatario.
Las claves:
La Secretaría Administrativa del Congreso recién abrirá, ante escribano público, las declaraciones juradas de los diputados y senadores cuando estén todas presentadas. Hasta el momento, sólo informan quiénes cumplieron el trámite. La Justicia Federal de la Capital Federal es la autoridad competente para entender las denuncias por las supuestas irregularidades que pudieran contener las declaraciones de bienes de los funcionarios. ¿Por qué en Capital Federal y no los fueros del interior? Porque los parlamentarios presentan en ese distrito las declaraciones de su patrimonio. La ley de ética pública prevé tres tipos de incumplimientos de la ley, que están configurados como delitos.
a) La no presentación de la declaración jurada. El organismo encargado de recabar las declaraciones juradas puede intimar al funcionario que no cumpla con ese requisito.
b) Es un delito que un funcionario que omita en la declaración jurada la información que debe contener, según lo establece la ley de Etica Pública.
c) Otra causal de incumplimiento de la normativa que rige la presentación de declaraciones juradas es que un funcionario informe datos falsos.
El backstage de la nota
Estaba preparando la nota sobre el patrimonio de la esposa del gobernador José Alperovich que salió publicada en El Tribuno de Salta, Tucumán y de Jujuy y rebotada por la agencia de noticias DERF, de Santa Fe.
Ya estaba entrada la tarde. No me podía comunicar con los asesores de la primera dama de Tucumán. Los llamaba y no pasaba nada. Mandaba mensajes de textos y nada tampoco.
Decido llamarlo a Ignacio "Nacho" Golobisky, ex periodista de El Periódico, y ahora secretario de Prensa del Gobierno, que comanda Alperovich.
- Hola, ¿Nacho?
- ¿Quién habla?, pregunta.
- José Sbrocco, ¿Cómo te va?, digo.
- ¿Por qué me hablás con un teléfono característica de Salta?, me repregunta.
- Porque estoy trabajando en El Tribuno de Salta, le respondo.
- ¿Te puso tu tío ahí?
- Le contesté otra cosa. Pero la respuesta que debería haber dado fue: "Lee mañana".
Si le decía eso corría el riesgo que no me pasara los números que necesitaba para que mi nota tuviera "la otra campana", aunque la primera dama y candidata a senadora nunca llamó.
En definitiva, se perdió de dar su versión...
Ya estaba entrada la tarde. No me podía comunicar con los asesores de la primera dama de Tucumán. Los llamaba y no pasaba nada. Mandaba mensajes de textos y nada tampoco.
Decido llamarlo a Ignacio "Nacho" Golobisky, ex periodista de El Periódico, y ahora secretario de Prensa del Gobierno, que comanda Alperovich.
- Hola, ¿Nacho?
- ¿Quién habla?, pregunta.
- José Sbrocco, ¿Cómo te va?, digo.
- ¿Por qué me hablás con un teléfono característica de Salta?, me repregunta.
- Porque estoy trabajando en El Tribuno de Salta, le respondo.
- ¿Te puso tu tío ahí?
- Le contesté otra cosa. Pero la respuesta que debería haber dado fue: "Lee mañana".
Si le decía eso corría el riesgo que no me pasara los números que necesitaba para que mi nota tuviera "la otra campana", aunque la primera dama y candidata a senadora nunca llamó.
En definitiva, se perdió de dar su versión...
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