Sólo el 16% de los diputados presentaron sus declaraciones juradas

Varias ONG especializadas en la transparencia de la gestión pública cuestionan la forma en que los legisladores publican sus bienes.

Por José Ignacio Sbrocco
El Tribuno

A fin de mes vence el plazo para que diputados y senadores nacionales presenten sus declaraciones juradas, pero hasta el momento muy pocos cumplieron con ese trámite. Sólo 43 diputados presentaron sus declaraciones de bienes sobre un total de 256 parlamentarios. Es decir, sólo el 16,8 por ciento de los parlamentarios presentó la documentación.
En el Senado, el porcentaje es mayor. Según fuentes de la Secretaría Administrativa de la Cámara Alta , el senador salteño Juan Carlos Romero fue el único legislador que presentó su documentación. Los otros 71 deberán cumplir hasta fin de mes con ese requisito.
En un año electoral de mitad de mandato, en el que se renueva la mitad de ambas Cámaras del Congreso, se pone la lupa en la tarea de los parlamentarios. María Barón, directora ejecutiva de la ONG Directorio Legislativo, señaló que, en general, los legisladores no cumplen con el contenido de la declaración jurada. “Salvo orden judicial nadie revisa que la información sea verídica, sólo nosotros”, señaló.
Un ejemplo es la diputada nacional por Tucumán Beatriz Rojkés de Alperovich, esposa del gobernador tucumano y candidata a senadora nacional por el Frente para la Victoria. En su declaración jurada presentada en 2007 omitió dar a conocer los bienes de su marido, pese a que la ley de ética pública expresamente señala que debe presentar los bienes de sus convivientes, que incluye a su cónyuge. “Los bienes declarados en la presente corresponden a los declarados impositivamente en forma personal y no incluye los bienes declarados impositivamente por cónyuge”, argumentó en su documentación, tal como informó El Tribuno en su edición del 23 de abril último.

Controles
En diálogo con El Tribuno, Manuel Garrido, director de Justicia y Transparencia del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), recordó que la Ley de Etica Pública, sancionada hace 10 años, prevé la creación del Comité Nacional de Etica Pública que sería el encargado de controlar las declaraciones de bienes de los legisladores. “Ese órgano nunca se constituyó así que nadie hace los controles”.
La Oficina Anticorrupción (OA), un organismo manejado por el kirchnerista Julio Vitobello, es la encargada de controlar a los funcionarios del Poder Ejecutivo. La oposición lo cuestiona por su estrecha relación con Néstor Kirchner y que eso sería un impedimento para que avancen las denuncias contra los funcionarios. Pero la OA sólo controla a los integrantes del gabinete nacional. Nadie se encarga de controlar los bienes de los integrantes del Poder Legislativo, Judicial ni del Ministerio Público Fiscal, a cargo de otro funcionario cuestionado: Esteban Righi.
Garrido agregó que los controles son indirectos. “La Ley de Etica Pública obliga a dar a conocer la declaración de los bienes y las ONG y los medios de comunicación hacen esos controles”.
“La falta de seguimiento de las declaraciones juradas –añadió– esteriliza su función preventiva”.

“Deberían estar en Internet”
El director del área de Instituciones Políticas y Gobierno de la fundación Poder Ciudadano, Pablo Secchi, fue contundente: “Para darle más transparencia a las declaraciones juradas de los legisladores deberían estar publicadas en Internet para que cualquier persona tenga acceso a ellas”. Pero hay una traba. “Muchos diputados y senadores no quieren que se de a conocer sus bienes. Para acceder a ellas hay que enviar notas a las Secretarías Administrativas de las dos Cámaras, pero sólo las del Senado las entrega. Obtener las de los diputados es mucho más difícil, incluso para las ONG”, señaló.
“La Comisión Nacional de Etica Pública es el organismo creado por la ley para revisar las declaraciones juradas pero nunca se puso en funciones. Actualmente, la Secretaría Administrativa de cada Cámara es la que recibe la información, pero nadie controla si se omitió algún dato o si se pusieron datos falsos”, concluyó.

Un error que puede llegar a costar caro
La presentación de las declaraciones juradas de los funcionarios públicos podría traer grandes dolores de cabeza. La ley de Etica Pública prevé sanciones para algunos incumplimientos, que podrían configurar un delito. Cualquier error u omisión de los datos puede ser investigado por la Justicia Federal , previa denuncia.
Esto se debe a que nunca comenzó a funcionar la Comisión Nacional de Etica Pública, que debería haber sido creada hace 10 años.
Por ejemplo, la diputada nacional Beatriz Rojkés de Alperovich, en la última declaración jurada de ella que se dio a conocer (presentada en 2007), señaló que no tiene trabajo en relación de dependencia. Sin embargo, ella es empleada del Congreso de la Nación por su cargo público. Fue electa en 2005 y finaliza su mandato en diciembre próximo.
Lo curioso es que pese a que la primera dama de Tucumán dice que no es empleada, en la sección “mis aportes” de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la candidata a senadora nacional tiene los aportes pagados. La primera dama figura declarada por su empleador, en este caso el Congreso. Tiene “pagado” los aportes de seguridad social y la contribución patronal para obra social, que equivale al 6% del remunerativo. Por tener un régimen especial, a la diputada no le descuentan los aportes para la obra social, que para cualquier trabajador es del 3%.
En esa presentación, tal como informó El Tribuno en su edición del 23 de abril, la esposa del gobernador tucumano José Alperovich omitió incluir los bienes de su esposo, pese a que es un requisito de la ley de ética pública. Alperovich, heredero de un empresario tucumano, suele comentar –algunas veces en forma pública pero sin ninguna documentación que lo respalde– que es productor sojero. Es uno de los accionistas de León Alperovich Group, que tiene una concesionaria oficial de autos. También vende camiones y maquinaria agrícola. La familia controla un hotel y una empresa constructora. Como en Tucumán el gobernador no está obligado a presentar una declaración jurada, no hay constancia de los bienes del mandatario.

Las claves:
La Secretaría Administrativa del Congreso recién abrirá, ante escribano público, las declaraciones juradas de los diputados y senadores cuando estén todas presentadas. Hasta el momento, sólo informan quiénes cumplieron el trámite. La Justicia Federal de la Capital Federal es la autoridad competente para entender las denuncias por las supuestas irregularidades que pudieran contener las declaraciones de bienes de los funcionarios. ¿Por qué en Capital Federal y no los fueros del interior? Porque los parlamentarios presentan en ese distrito las declaraciones de su patrimonio. La ley de ética pública prevé tres tipos de incumplimientos de la ley, que están configurados como delitos.
a) La no presentación de la declaración jurada. El organismo encargado de recabar las declaraciones juradas puede intimar al funcionario que no cumpla con ese requisito.
b) Es un delito que un funcionario que omita en la declaración jurada la información que debe contener, según lo establece la ley de Etica Pública.
c) Otra causal de incumplimiento de la normativa que rige la presentación de declaraciones juradas es que un funcionario informe datos falsos.