El matrimonio que gobierna Tucumán acaba de demostrar la intolerancia con los periodistas que no escriben lo que los Alperovich pretenden leer.
Hace poco publiqué en El Tribuno una nota sobre el patrimonio de Beatriz Rojkés de Alperovich, y la primera dama de Tucumán y candidata a senadora nacional me envió una carta documento porque supuestamente, con la nota, lesioné su honor. Obvio, le contesté con otra carta documento en la que ratifico el contenido de la publicación y que en ningún momento injurié ni calumnié ni a ella ni a nadie de su familia, sino que la nota plantea, legalmente, el interrogante sobre la configuración de su patrimonio. Sobre todo, cuando la llamé para que diera su versión, pero no quiso atender.
Claramente se trata de una maniobra para presionar porque en la carta documento no me pide que me rectifique ni me da un plazo para ello. El Tribuno, por una decisión editorial, no va a publicar esta forma de presión. Pero yo sí.
Una aclaración: Pese a que la nota salió publicada en el diario para el cual yo trabajo en relación de dependencia, Alperovich me envió la intimación a la casa de mis padres. Es decir, me apunta a mi y no al medio para el cual trabajo, que es donde se publicó.
A continuación voy a transcribir, textualmente, la carta documento que me mandó y la respuesta.
Sr José Ignacio Sbrocco
Presente
En el carácter de apoderado de la señora Beatriz Rojkés de Alperovich conforme instrumento público otorgado por ante el escribano Juan Carlos Benedicto, titular del registro número 25 de esta provincia -escritura 202- y siguiendo expresas instrucciones de mi poderdante, pongo en su conocimiento por este medio fehaciente, que frente al contenido del artículo publicado en el diario El Tribuno de Tucumán en su edición de jueves 23 del mes de abril, pagina 7, y del cual surge su autoría material, en la que efectúa, de manera deliberada e intencional, falsas y temerarias afirmaciones sobre la persona de mi instituyente y su conducta, se iniciaran las acciones judiciales en defensa del honor e integridad familiar atacados.
Dado el dominio público de su artículo, sus imputaciones sin fundamentos, -que evidencian absoluta despreocupación por verificar la realidad de la información- nos ponen frente a un ataque al honor que constituye una lesión inmediata a la dignidad de la persona en sus materializaciones mínimas. Usted, a través de la publicación realizada, intenta generar ante la opinión pública –falazmente- sospechas y/o mal juicio de las acciones y conductas de mi mandante. Mediante la titulación del artículo, y los datos aportados en el cuerpo del mismo -conociendo la falsedad de la noticia- obró con malicia con el único propósito de injuriar manifestando que la conducta de mi instituyente inspira sospecha y desconfianza, descalificándola en su honor.
La injuria a un político conlleva la inmediatez de reparación, porque sin dudas inviste una personalidad no común sino de expectabilidad. Esa singular característica que los distingue (notoriedad, trascendencia, y jerarquía de la actividad en el plano comunitario), necesariamente impone la automaticidad reparatoria y pública que se reclama y exige.
Me permito reflexionar: El buen periodista, tiene la obligación profesional de informar con veracidad y manejar la información -adecuadamente verificada- en forma racional, en función de la información del público y no de otros intereses. Jamás en el ejercicio de la libertad de expresión –en el estado de derecho- se debe utilizar la posición de informador para difundir nociones arbitrarias o no comprobadas, ni tampoco para zaherir, desmerecer sus cualidades o insinuar por parte de ellos la comisión de conductas irregulares. En otras palabras, la verdadera libertad, implica libertad con responsabilidad.
El honor, constituye un valor que hace, no solo a la dignidad de las personas, sino también que se trasluce como un valor ético y social de actuación, del cual surge una pretensión de respeto. Y es esa pretensión la que protege la ley y hará valer en el ámbito de la Justicia en defensa de su honor e integridad personal y la de su grupo familiar.
La respuesta, enviada hoy 20 de mayo desde Salta.
Fue dirigida a su abogado, José Agustín Ferrari
Rechazo su carta documento por errónea, extemporánea e improcedente. La nota periodística se trata de una información veraz y objetiva que reconoce fuetnes fidedignas e incuestionables, maxime aun cuando se origina en la declaración jurada presentada por su mandante.
La noticia en cuestión en modo alguno (debería decir de ningún modo) se trata de un caso de real malicia ni persigue producir injuria o calumnia en su instituyente o familia. Por lo tanto desconozco que contenga ofensas al honor u otros derechos de su representada. Independientemente de lo expuesto precedentemente, le hago saber a ud que la nota periodística de mi autoría se limita a plantear un informe legítimo sobre la configuración de un patrimonio, considerando que su mandante no suministró la información que permita determinar el origen de su composición. De todos modos, las páginas de nuestro diario siempre están abiertas a los interesados en aclarar o dilucidar temas de interes institucional como es el que alude la nota erróneamente se cuestiona de vuestra parte, para poder satisfacer el derecho de información del pueblo. Debiendo tener presente que antes de la publicación de mi parte intenté comunicarme con su representada al telefono celular 0381-155039222 y 0381-154596565 recibiendo como unica respuesta que la sra de Alperovich no me podria atender por encontrarse en campaña política, ni atendería al diario El Tribuno, siendo menester recordar que este es el unico medio que ha resaltado a su cliente por ser una de las pocas funcionarias que presentan su declaración jurada.
Queda ud legalmente notificado
José Ignacio Sbrocco
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Sólo el 16% de los diputados presentaron sus declaraciones juradas
Varias ONG especializadas en la transparencia de la gestión pública cuestionan la forma en que los legisladores publican sus bienes.
Por José Ignacio Sbrocco
El Tribuno
A fin de mes vence el plazo para que diputados y senadores nacionales presenten sus declaraciones juradas, pero hasta el momento muy pocos cumplieron con ese trámite. Sólo 43 diputados presentaron sus declaraciones de bienes sobre un total de 256 parlamentarios. Es decir, sólo el 16,8 por ciento de los parlamentarios presentó la documentación.
En el Senado, el porcentaje es mayor. Según fuentes de la Secretaría Administrativa de la Cámara Alta , el senador salteño Juan Carlos Romero fue el único legislador que presentó su documentación. Los otros 71 deberán cumplir hasta fin de mes con ese requisito.
En un año electoral de mitad de mandato, en el que se renueva la mitad de ambas Cámaras del Congreso, se pone la lupa en la tarea de los parlamentarios. María Barón, directora ejecutiva de la ONG Directorio Legislativo, señaló que, en general, los legisladores no cumplen con el contenido de la declaración jurada. “Salvo orden judicial nadie revisa que la información sea verídica, sólo nosotros”, señaló.
Un ejemplo es la diputada nacional por Tucumán Beatriz Rojkés de Alperovich, esposa del gobernador tucumano y candidata a senadora nacional por el Frente para la Victoria. En su declaración jurada presentada en 2007 omitió dar a conocer los bienes de su marido, pese a que la ley de ética pública expresamente señala que debe presentar los bienes de sus convivientes, que incluye a su cónyuge. “Los bienes declarados en la presente corresponden a los declarados impositivamente en forma personal y no incluye los bienes declarados impositivamente por cónyuge”, argumentó en su documentación, tal como informó El Tribuno en su edición del 23 de abril último.
Controles
En diálogo con El Tribuno, Manuel Garrido, director de Justicia y Transparencia del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), recordó que la Ley de Etica Pública, sancionada hace 10 años, prevé la creación del Comité Nacional de Etica Pública que sería el encargado de controlar las declaraciones de bienes de los legisladores. “Ese órgano nunca se constituyó así que nadie hace los controles”.
La Oficina Anticorrupción (OA), un organismo manejado por el kirchnerista Julio Vitobello, es la encargada de controlar a los funcionarios del Poder Ejecutivo. La oposición lo cuestiona por su estrecha relación con Néstor Kirchner y que eso sería un impedimento para que avancen las denuncias contra los funcionarios. Pero la OA sólo controla a los integrantes del gabinete nacional. Nadie se encarga de controlar los bienes de los integrantes del Poder Legislativo, Judicial ni del Ministerio Público Fiscal, a cargo de otro funcionario cuestionado: Esteban Righi.
Garrido agregó que los controles son indirectos. “La Ley de Etica Pública obliga a dar a conocer la declaración de los bienes y las ONG y los medios de comunicación hacen esos controles”.
“La falta de seguimiento de las declaraciones juradas –añadió– esteriliza su función preventiva”.
“Deberían estar en Internet”
El director del área de Instituciones Políticas y Gobierno de la fundación Poder Ciudadano, Pablo Secchi, fue contundente: “Para darle más transparencia a las declaraciones juradas de los legisladores deberían estar publicadas en Internet para que cualquier persona tenga acceso a ellas”. Pero hay una traba. “Muchos diputados y senadores no quieren que se de a conocer sus bienes. Para acceder a ellas hay que enviar notas a las Secretarías Administrativas de las dos Cámaras, pero sólo las del Senado las entrega. Obtener las de los diputados es mucho más difícil, incluso para las ONG”, señaló.
“La Comisión Nacional de Etica Pública es el organismo creado por la ley para revisar las declaraciones juradas pero nunca se puso en funciones. Actualmente, la Secretaría Administrativa de cada Cámara es la que recibe la información, pero nadie controla si se omitió algún dato o si se pusieron datos falsos”, concluyó.
Un error que puede llegar a costar caro
La presentación de las declaraciones juradas de los funcionarios públicos podría traer grandes dolores de cabeza. La ley de Etica Pública prevé sanciones para algunos incumplimientos, que podrían configurar un delito. Cualquier error u omisión de los datos puede ser investigado por la Justicia Federal , previa denuncia.
Esto se debe a que nunca comenzó a funcionar la Comisión Nacional de Etica Pública, que debería haber sido creada hace 10 años.
Por ejemplo, la diputada nacional Beatriz Rojkés de Alperovich, en la última declaración jurada de ella que se dio a conocer (presentada en 2007), señaló que no tiene trabajo en relación de dependencia. Sin embargo, ella es empleada del Congreso de la Nación por su cargo público. Fue electa en 2005 y finaliza su mandato en diciembre próximo.
Lo curioso es que pese a que la primera dama de Tucumán dice que no es empleada, en la sección “mis aportes” de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la candidata a senadora nacional tiene los aportes pagados. La primera dama figura declarada por su empleador, en este caso el Congreso. Tiene “pagado” los aportes de seguridad social y la contribución patronal para obra social, que equivale al 6% del remunerativo. Por tener un régimen especial, a la diputada no le descuentan los aportes para la obra social, que para cualquier trabajador es del 3%.
En esa presentación, tal como informó El Tribuno en su edición del 23 de abril, la esposa del gobernador tucumano José Alperovich omitió incluir los bienes de su esposo, pese a que es un requisito de la ley de ética pública. Alperovich, heredero de un empresario tucumano, suele comentar –algunas veces en forma pública pero sin ninguna documentación que lo respalde– que es productor sojero. Es uno de los accionistas de León Alperovich Group, que tiene una concesionaria oficial de autos. También vende camiones y maquinaria agrícola. La familia controla un hotel y una empresa constructora. Como en Tucumán el gobernador no está obligado a presentar una declaración jurada, no hay constancia de los bienes del mandatario.
Las claves:
La Secretaría Administrativa del Congreso recién abrirá, ante escribano público, las declaraciones juradas de los diputados y senadores cuando estén todas presentadas. Hasta el momento, sólo informan quiénes cumplieron el trámite. La Justicia Federal de la Capital Federal es la autoridad competente para entender las denuncias por las supuestas irregularidades que pudieran contener las declaraciones de bienes de los funcionarios. ¿Por qué en Capital Federal y no los fueros del interior? Porque los parlamentarios presentan en ese distrito las declaraciones de su patrimonio. La ley de ética pública prevé tres tipos de incumplimientos de la ley, que están configurados como delitos.
a) La no presentación de la declaración jurada. El organismo encargado de recabar las declaraciones juradas puede intimar al funcionario que no cumpla con ese requisito.
b) Es un delito que un funcionario que omita en la declaración jurada la información que debe contener, según lo establece la ley de Etica Pública.
c) Otra causal de incumplimiento de la normativa que rige la presentación de declaraciones juradas es que un funcionario informe datos falsos.
Por José Ignacio Sbrocco
El Tribuno
A fin de mes vence el plazo para que diputados y senadores nacionales presenten sus declaraciones juradas, pero hasta el momento muy pocos cumplieron con ese trámite. Sólo 43 diputados presentaron sus declaraciones de bienes sobre un total de 256 parlamentarios. Es decir, sólo el 16,8 por ciento de los parlamentarios presentó la documentación.
En el Senado, el porcentaje es mayor. Según fuentes de la Secretaría Administrativa de la Cámara Alta , el senador salteño Juan Carlos Romero fue el único legislador que presentó su documentación. Los otros 71 deberán cumplir hasta fin de mes con ese requisito.
En un año electoral de mitad de mandato, en el que se renueva la mitad de ambas Cámaras del Congreso, se pone la lupa en la tarea de los parlamentarios. María Barón, directora ejecutiva de la ONG Directorio Legislativo, señaló que, en general, los legisladores no cumplen con el contenido de la declaración jurada. “Salvo orden judicial nadie revisa que la información sea verídica, sólo nosotros”, señaló.
Un ejemplo es la diputada nacional por Tucumán Beatriz Rojkés de Alperovich, esposa del gobernador tucumano y candidata a senadora nacional por el Frente para la Victoria. En su declaración jurada presentada en 2007 omitió dar a conocer los bienes de su marido, pese a que la ley de ética pública expresamente señala que debe presentar los bienes de sus convivientes, que incluye a su cónyuge. “Los bienes declarados en la presente corresponden a los declarados impositivamente en forma personal y no incluye los bienes declarados impositivamente por cónyuge”, argumentó en su documentación, tal como informó El Tribuno en su edición del 23 de abril último.
Controles
En diálogo con El Tribuno, Manuel Garrido, director de Justicia y Transparencia del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), recordó que la Ley de Etica Pública, sancionada hace 10 años, prevé la creación del Comité Nacional de Etica Pública que sería el encargado de controlar las declaraciones de bienes de los legisladores. “Ese órgano nunca se constituyó así que nadie hace los controles”.
La Oficina Anticorrupción (OA), un organismo manejado por el kirchnerista Julio Vitobello, es la encargada de controlar a los funcionarios del Poder Ejecutivo. La oposición lo cuestiona por su estrecha relación con Néstor Kirchner y que eso sería un impedimento para que avancen las denuncias contra los funcionarios. Pero la OA sólo controla a los integrantes del gabinete nacional. Nadie se encarga de controlar los bienes de los integrantes del Poder Legislativo, Judicial ni del Ministerio Público Fiscal, a cargo de otro funcionario cuestionado: Esteban Righi.
Garrido agregó que los controles son indirectos. “La Ley de Etica Pública obliga a dar a conocer la declaración de los bienes y las ONG y los medios de comunicación hacen esos controles”.
“La falta de seguimiento de las declaraciones juradas –añadió– esteriliza su función preventiva”.
“Deberían estar en Internet”
El director del área de Instituciones Políticas y Gobierno de la fundación Poder Ciudadano, Pablo Secchi, fue contundente: “Para darle más transparencia a las declaraciones juradas de los legisladores deberían estar publicadas en Internet para que cualquier persona tenga acceso a ellas”. Pero hay una traba. “Muchos diputados y senadores no quieren que se de a conocer sus bienes. Para acceder a ellas hay que enviar notas a las Secretarías Administrativas de las dos Cámaras, pero sólo las del Senado las entrega. Obtener las de los diputados es mucho más difícil, incluso para las ONG”, señaló.
“La Comisión Nacional de Etica Pública es el organismo creado por la ley para revisar las declaraciones juradas pero nunca se puso en funciones. Actualmente, la Secretaría Administrativa de cada Cámara es la que recibe la información, pero nadie controla si se omitió algún dato o si se pusieron datos falsos”, concluyó.
Un error que puede llegar a costar caro
La presentación de las declaraciones juradas de los funcionarios públicos podría traer grandes dolores de cabeza. La ley de Etica Pública prevé sanciones para algunos incumplimientos, que podrían configurar un delito. Cualquier error u omisión de los datos puede ser investigado por la Justicia Federal , previa denuncia.
Esto se debe a que nunca comenzó a funcionar la Comisión Nacional de Etica Pública, que debería haber sido creada hace 10 años.
Por ejemplo, la diputada nacional Beatriz Rojkés de Alperovich, en la última declaración jurada de ella que se dio a conocer (presentada en 2007), señaló que no tiene trabajo en relación de dependencia. Sin embargo, ella es empleada del Congreso de la Nación por su cargo público. Fue electa en 2005 y finaliza su mandato en diciembre próximo.
Lo curioso es que pese a que la primera dama de Tucumán dice que no es empleada, en la sección “mis aportes” de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la candidata a senadora nacional tiene los aportes pagados. La primera dama figura declarada por su empleador, en este caso el Congreso. Tiene “pagado” los aportes de seguridad social y la contribución patronal para obra social, que equivale al 6% del remunerativo. Por tener un régimen especial, a la diputada no le descuentan los aportes para la obra social, que para cualquier trabajador es del 3%.
En esa presentación, tal como informó El Tribuno en su edición del 23 de abril, la esposa del gobernador tucumano José Alperovich omitió incluir los bienes de su esposo, pese a que es un requisito de la ley de ética pública. Alperovich, heredero de un empresario tucumano, suele comentar –algunas veces en forma pública pero sin ninguna documentación que lo respalde– que es productor sojero. Es uno de los accionistas de León Alperovich Group, que tiene una concesionaria oficial de autos. También vende camiones y maquinaria agrícola. La familia controla un hotel y una empresa constructora. Como en Tucumán el gobernador no está obligado a presentar una declaración jurada, no hay constancia de los bienes del mandatario.
Las claves:
La Secretaría Administrativa del Congreso recién abrirá, ante escribano público, las declaraciones juradas de los diputados y senadores cuando estén todas presentadas. Hasta el momento, sólo informan quiénes cumplieron el trámite. La Justicia Federal de la Capital Federal es la autoridad competente para entender las denuncias por las supuestas irregularidades que pudieran contener las declaraciones de bienes de los funcionarios. ¿Por qué en Capital Federal y no los fueros del interior? Porque los parlamentarios presentan en ese distrito las declaraciones de su patrimonio. La ley de ética pública prevé tres tipos de incumplimientos de la ley, que están configurados como delitos.
a) La no presentación de la declaración jurada. El organismo encargado de recabar las declaraciones juradas puede intimar al funcionario que no cumpla con ese requisito.
b) Es un delito que un funcionario que omita en la declaración jurada la información que debe contener, según lo establece la ley de Etica Pública.
c) Otra causal de incumplimiento de la normativa que rige la presentación de declaraciones juradas es que un funcionario informe datos falsos.
El backstage de la nota
Estaba preparando la nota sobre el patrimonio de la esposa del gobernador José Alperovich que salió publicada en El Tribuno de Salta, Tucumán y de Jujuy y rebotada por la agencia de noticias DERF, de Santa Fe.
Ya estaba entrada la tarde. No me podía comunicar con los asesores de la primera dama de Tucumán. Los llamaba y no pasaba nada. Mandaba mensajes de textos y nada tampoco.
Decido llamarlo a Ignacio "Nacho" Golobisky, ex periodista de El Periódico, y ahora secretario de Prensa del Gobierno, que comanda Alperovich.
- Hola, ¿Nacho?
- ¿Quién habla?, pregunta.
- José Sbrocco, ¿Cómo te va?, digo.
- ¿Por qué me hablás con un teléfono característica de Salta?, me repregunta.
- Porque estoy trabajando en El Tribuno de Salta, le respondo.
- ¿Te puso tu tío ahí?
- Le contesté otra cosa. Pero la respuesta que debería haber dado fue: "Lee mañana".
Si le decía eso corría el riesgo que no me pasara los números que necesitaba para que mi nota tuviera "la otra campana", aunque la primera dama y candidata a senadora nunca llamó.
En definitiva, se perdió de dar su versión...
Ya estaba entrada la tarde. No me podía comunicar con los asesores de la primera dama de Tucumán. Los llamaba y no pasaba nada. Mandaba mensajes de textos y nada tampoco.
Decido llamarlo a Ignacio "Nacho" Golobisky, ex periodista de El Periódico, y ahora secretario de Prensa del Gobierno, que comanda Alperovich.
- Hola, ¿Nacho?
- ¿Quién habla?, pregunta.
- José Sbrocco, ¿Cómo te va?, digo.
- ¿Por qué me hablás con un teléfono característica de Salta?, me repregunta.
- Porque estoy trabajando en El Tribuno de Salta, le respondo.
- ¿Te puso tu tío ahí?
- Le contesté otra cosa. Pero la respuesta que debería haber dado fue: "Lee mañana".
Si le decía eso corría el riesgo que no me pasara los números que necesitaba para que mi nota tuviera "la otra campana", aunque la primera dama y candidata a senadora nunca llamó.
En definitiva, se perdió de dar su versión...
Insólito patrimonio de la mujer de Alperovich
Para justificar todos sus bienes debería haber trabajado 22 años con sus sueldos actuales, pero comenzó hace 12.
¿Cómo hacer para obtener una fortuna de 1.618.236,69 pesos en doce años? La respuesta parece tenerla Beatriz Rojkés de Alperovich, la esposa del gobernador de Tucumán, José Alperovich.
Según sus ingresos, presentados en la declaración jurada ante la Cámara de Diputados, la primera dama de Tucumán y candidata a senadora nacional debería haber trabajado poco más de 22 años sin haber gastado ni un centavo. Pero algo no cierra.
Según la constancia de inscripción ante
La diputada nacional, que buscará una banca en el Senado el 28 de junio, declaró que tenía, hasta 2006, una sola propiedad: en
También dijo que posee acciones en
A la hora de guardar su dinero, Rojkés de Alperovich lo atesora “en distintas canastas”. En una cuenta del Banco del Tucumán tiene depositados 845.890,40 pesos. En el Banco Nación tiene una cuenta con 65.421,67 pesos. La candidata también prefiere guardar el dinero en efectivo. Declaró 400 mil pesos.
Entre las acciones, inmuebles y dinero, el patrimonio de la primera dama es de 1.618.236,69 pesos. Según su declaración jurada, no tiene depósitos en el extranjero. Los bienes que declara son propios. Omitió los de su marido, el gobernador de Tucumán, pese a que la ley de ética pública expresamente señala que se deben declarar los bienes propios y de los cónyuges (ver aparte).
La esposa del gobernador tucumano declaró ingresos por 60 mil pesos anuales en su cargo como directora de la empresa familiar. Es decir, 5.000 pesos por mes. Eso se suma a los 262.000 pesos netos que percibió como diputada nacional durante el tiempo de gestión que lleva (6.100 pesos al mes). Aunque la primera dama omitió poner cuánto cobraba como legisladora nacional. El dato fue obtenido de una colega de ella.
No todas son buenas noticias. Rojkés de Alperovich acusa una deuda de 1.526.442,25 pesos a nombre de León Alperovich S.A., la empresa familiar de su marido. También registró pagos de sus dos tarjetas de créditos por 2.889,88.
Según sus ingresos, para obtener su patrimonio debería haber trabajado más de 22 años sin haber gastado un solo centavo. Rojkés de Alperovich presentó su última declaración jurada en 2007 sobre los ingresos y egresos de 2006.
Marina, la secretaria de la primera dama de Tucumán, dijo que en los próximos días iba a presentar
Beatriz de Alperovich está inscripta ante la AFIP como autónoma, categoría V. Por eso abona 629,04 pesos mensuales, que serán para su jubilación. Realiza “servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial realizados por integrantes de los órganos de administración y/o fiscalización en sociedades anónimas”. El domicilio fiscal que declara es 24 de Septiembre 154, de la capital tucumana. Allí funciona Textil Americana, que figura a nombre de Salomón Rojkés, su padre.
Nota relacionada:
Las mil actividades comercialesdel gobernador tucumano
"Un pequeño olvido". Así podría calificarse la omisión de Beatriz Rojkés, quien no consignó la declaración jurada de su marido, el gobernador tucumano José Alperovich.
"Los haberes declarados en la presente corresponden a los declarados impositivamente en forma personal y no incluyen bienes declarados impositivamente por cónyuge", manifestó la primera dama tucumana como "una observación" a la declaración jurada presentada en 2007 sobre el ejercicio 2006.
Sin embargo, la ley 25.188, de ética pública que rige a los funcionarios públicos, expresa concretamente: "La declaración jurada deberá contener una nómina detallada de todos los bienes, propios del declarante, propios de su cónyuge, los que integren la sociedad conyugal, los del conviviente, los que integren en su caso la sociedad de hecho y los de sus hijos menores, en el país o en el extranjero".
Debido a la falta de una ley de acceso a la información en esa provincia, conseguir la declaración jurada del gobernador es prácticamente una odisea.Varios rubros
Sin embargo, varias de las actividades privadas del gobernador son conocidas públicamente.
Es uno de los accionistas de León Alperovich Group, una empresa familiar que proviene de su padre y que está distribuida en varios rubros.
Uno de los más conocidos es la concesionaria de autos nuevos y usados. También vende camiones y maquinarias agrícolas. Sin embargo, durante el conflicto entre el Gobierno nacional y el campo, Alperovich mantuvo su alineación con el kirchnerismo.
Según la página de internet de la empresa, el grupo también controla un hotel en la capital tucumana y tiene una empresa constructora.
Aparte, Alperovich es propietario de campos en Santiago del Estero y en Rosario de la Frontera, Salta.
Productor sojero
Es uno de los grandes productores sojeros de esa provincia. ¿Cómo el gobernador de una provincia invierte en otra? La provincia gobernada por el radical "k" Gerardo Zamora ofrece incentivos fiscales para quienes inviertan en Santiago del Estero.
Esa oportunidad no la podía desaprovechar Alperovich, que administra una de las provincias con mayor presión fiscal del país.
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