Polémica por los fondos destinados a piqueteros

El financiamiento estatal a las organizaciones sociales. De Vido, Alicia Kirchner y Tomada destinan varios millones a través de planes que son ejecutados por los movimientos.

José Ignacio Sbrocco
El Tribuno

El dinero es poder. Los movimientos sociales en la Argentina se convirtieron en un factor de peso en la política doméstica. Las organizaciones piqueteras manejan, a través de cooperativas de trabajo, millonarios fondos para construcción de viviendas, pavimento, cordones cuneta, veredas, redes de cloacas y agua potable, además de los emprendimientos productivos que reparte el Ministerio de Desarrollo Social.
El objetivo de estos programas, según los defensores de este sistema, es la inclusión social a través del trabajo. Sus detractores se quejan por el reparto discrecional que hace la Casa Rosada para alimentar a estas organizaciones y de la falta de transparencia en la rendición de cuentas.
La mayoría de los grupos surgieron o tuvieron su auge con la explosión social de 2001, aunque algunos nacieron como oposición al gobierno menemista, en la década del ’90.
Una de las primeras medidas de Néstor Kirchner cuando llegó a la Casa Rosada fue convocar a los principales dirigentes a una reunión en la Casa Rosada. A partir de ese momento hay movimientos oficialistas y otros que se mantienen en la oposición; otros que fueron kirchneristas pero que luego se mostraron más independientes.
El operador de esa reunión fue el secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli. Su cartera dispone, para este año, de un fondo de poco más de 114 millones de pesos para “asistencia y coordinación de políticas sociales”. Según datos de la ejecución presupuestaria del Ministerio de Economía de la Nación, ya lleva gastados 74.762.000 pesos.

Escándalo en Jujuy
El senador nacional por Jujuy Gerardo Morales denunció que la dirigente de Túpac Amaru Milagro Sala, a quien atribuyó ser la autora intelectual del escrache que sufrió la semana pasada en Jujuy, maneja 10 millones de pesos mensuales a través de cooperativas de viviendas.
Mientras el Gobierno nacional desmentía que financiaba a ese grupo, la dirigente reconoció que obtenía 8 millones directamente de la Casa Rosada, que “bajan” a través del Ministerio de Planificación Federal, que conduce Julio De Vido, y del Ministerio de Desarrollo Social, cartera que conduce Alicia Kirchner, cuñada de la presidenta Cristina de Kirchner. Son varios movimientos que se sostienen con el calor de los fondos nacionales. En diálogo con El Tribuno, ninguno quiso reconocer el monto que reciben, pero admitieron que tienen varios planes.

Los ejemplos
El dirigente Luis D’Elía (Federación Tierra y Vivienda) es quizás uno de los mayores exponentes. Según el senador Morales, su organización dispone de recursos que bajan desde la Casa Rosada. “No te voy a decir cuánto es el presupuesto que manejamos porque no le voy a hacer el caldo gordo a la derecha reaccionaria”, enfatizó D’Elía ante una consulta de El Tribuno.
El diputado nacional Edgardo Depetri, líder del Frente Transversal, dijo que su agrupación no maneja fondos, sino las cooperativas que construyen viviendas y redes de agua.
El Movimiento Evita, que conduce el hasta hace poco funcionario de Desarrollo Social Emilio Pérsico, se dedicaba, desde su cargo en el Poder Ejecutivo, a organizar las cooperativas de trabajo que iban a ejecutar 1.500 millones de pesos, a través del programa Argentina Trabaja, para incluir en el ámbito laboral a 100.000 personas, un plan lanzado por Cristina de Kirchner.
El Movimiento de Unidad Popular (MUP) es un grupo que no es muy reconocido, pero tiene raíces en 18 provincias. Su líder es Federico Martelli, integrante de La Cámpora, agrupación donde milita Máximo Kirchner, hijo de la pareja gobernante. Martelli reconoció, en diálogo con este diario, que ejecutan viviendas, veredas y pavimento. No especificó cifras. En esa agrupación, ligada a Parrilli, también milita Esteban Concia, asesor presidencial.
¦Otro funcionario que maneja fondos para su organización es Sergio Berni, dirigente de Militancia Social, una agrupación de Alicia Kirchner, que este año dispone de 9.279 millones de pesos en planes sociales.

Los grupos opositores denuncian que son discriminados
Los grupos piqueteros que no responden al oficialismo pusieron el grito en el cielo por la “discriminación” a la hora de ejecutar planes oficiales.
Juan Carlos Alderete, de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), reconoció que construyeron 3.000 casas en todo el país a través del programa Emergencia Habitacional. Cada vivienda de 43 metros cuadrados la pagaron 72 mil pesos y denunció que los módulos del Plan Federal de Viviendas, que en teoría deben hacer las empresas constructoras, le dieron a la agrupación de Milagros Sala. Esas viviendas cuestan al Estado unos 160 mil pesos cada una.
“Nos castigan por no ser oficialistas”, dijo a El Tribuno.
Raúl Castells, del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD), dijo que hicieron 600 casas en todo el país, de 43 metros cuadrados, a 1.300 pesos el metro cuadrado.
“A los grupos oficialistas les dan, por los mismos trabajos, 3.600 pesos por metro cuadrado. Eso porque no somos oficialistas ni aceptamos dar retornos a los funcionarios”, dijo.
“Nosotros no ejecutamos esos planes porque no entramos en el clientelismo del Gobierno”, dijo Jorge Altamira, líder del Partido Obrero. Fernando Esteche, titular de Quebracho -que apoyó a Milagros Sala-, dijo que los planes lo hacen a través de su rama CTD Aníbal Verón, pero sin dinero oficial.

El país está jaqueado por los conflictos callejeros

En total, 17 provincias más Capital Federal son blancos de protestas sociales y sindicales que luchan por reivindicaciones. Sociólogos dicen que no es comparable con la crisis de 2001

José Ignacio Sbrocco

La ola de conflictividad social parece haber estallado con la crisis en Kraft, la empresa de capitales norteamericanos que se quedó con la fábrica que pertenecía a Terrabusi. Sin embargo, hay focos de protestas en 17 provincias más Capital Federal.
¿A qué se debe tanto malestar? Hay muchas respuestas a esta pregunta, pero un solo denominador común: la precaria situación económica.
¿Hay algún punto en común con la crisis de 2001? Otro denominador común: ninguno.
El Gobierno, por su parte, cuestionó los cortes de ruta y pidió que se respete el derecho de los terceros a circular.

Inflación y desocupación
Marcos Novaro, sociólogo e investigador del Conicet, sostuvo que la conflictividad que vive el país se debe al aumento del desempleo, una caída del salario por la inflación y a una estrategia oficial contradictoria: por un lado anuncian medidas distributivas pero no hacen nada para evitar los problemas. “El kirchnerismo concentra el manejo de la economía y por eso todas las protestas se dirigen a ellos”, dijo.
Esteban Rodríguez, magister en ciencias sociales y coautor del libro la criminalización de la protesta social, agregó: “La protesta social habla de un malestar institucional; la incapacidad de las instituciones para canalizar y procesar las demandas. Pero también nos informa de una crisis del sistema político tradicional. La protesta nos dice de las materias pendientes de los gobiernos”.
Rodríguez añadió que la ola de protesta siempre estuvo presente en el país. “Desde hace un tiempo el Gobierno tomó nota de los reclamos, intentó ponerlos en caja apelando a la distribución, pero no aspiraba a la inclusión sino a la subsistencia”, añadió.
Roberto Baigorria, milita en la agrupación Barrios de Pie, una de las asociaciones que participó la semana pasada en los cortes en la Panamericana y que se multiplicó en varios puntos del país. “Hubo un crecimiento importante de la economía pero el proceso para sacar a los más excluidos fue lento. A mediados de
2007 notamos una situación de aumento de precios y la plata cada vez alcanzaba para menos”, dijo.
“Hay que observar la realidad tal cual es y actuar en consecuencia. Se instaló el debate por la pobreza. Es un llamado de atención”, añadió.
Otro de los grupos piqueteros involucrado en la protesta fue la Corriente Clasista y Combativa (CCC). El líder a nivel nacional, Juan Carlos Alderete, dijo: “Nosotros advertíamos que la conflictividad social venía creciendo pero el Gobierno no la quería ver y escondía las cifras. Así no resolvía los problemas.”

El recuerdo de 2001
Novaro sostuvo que la crisis social actual no es comparable a la de 2001. “La otra era una crisis financiera. Las protestas estaban orientadas a resolver un juego imposible. El Estado no podía devaluar sin declarar el default. Hubo, también, una alianza circunstancial entre los ahorristas que reclamaban sus dólares y los excluidos que acompañaron esas protestas. Ese escenario no es igual, pero sí el grado de conflictividad”, agregó.
Baigorria añadió: “No estamos en una situación de crisis terminal como la de 2001”.
El Gobierno que pidió que cesen los cortes y denunció que “hay algo detrás” de los piquetes.
Esa definición no cayó bien en los grupos piqueteros. Baigorria, de Barrios de Pie, dijo: “Lamentamos que el Gobierno tenga una visión sesgada. No hay que desconocer que hay sectores que pujan para que el Gobierno no termine el mandato, pero no tienen el peso político. Con el argumento de golpismo, el Gobierno
usa ese argumento para desacreditar a quien plantea quejas.”
Alderete opinó que la respuesta del Gobierno es “la descalificación permanente que hay alguien detrás. En vez de preocuparse en solucionar el conflicto, echan más leña al fuego. Esa declaración es una hipocresía enorme. La consecuencia de este modelo es que nos largan a las rutas a cortar calles”.

Marchas, desde La Quiaca a Ushuaia
Las protestas sociales se desparraman a lo largo de la geografía del país. En 17 provincias más Capital Federal hay algún tipo de conflicto en contra de
los gobiernos.
En Salta, los piqueteros del norte mantienen en vilo a la población con los cortes y enfrentamientos con empresas privadas por los puestos laborales.
Chaco vivió una situación difícil. Sandra Mendoza, la aún esposa del gobernador Jorge Capitanich -que inició el juicio de divorcio- participó de una
protesta de desocupados en contra de su marido.
Tucumán: los médicos jaquean al Gobierno de José Alperovich en reclamo de aumentos salariales. Cada vez más gente se suma a la protesta para acompañar a los profesionales de la salud. En Santiago del Estero y Jujuy también hay protestas de médicos.
Los docentes pusieron entre la espada y la pared a los gobernadores de Entre Ríos y Catamarca. Los petroleros marchan en Río Negro, Chubut y Neuquén. Los estatales en Formosa, Tierra del Fuego, La Rioja y Córdoba. Allí también protestan empleados de Luz y Fuerza.
Mendoza enfrenta problemas con los choferes de colectivos. Santa Fe con metalúrgicos en la empresa Paraná Metal, cuyo dueño es el empresario kirchnerista Lázaro Báez, también controla el juego. Buenos Aires y Capital también están cercadas por conflictos sociales.


Piqueteros que pasaron de ser aliados a enemigos

Cuando Néstor Kirchner asumió la presidencia el 25 de mayo de 2003 heredó el problema de los cortes de rutas y el auge de los movimientos sociales que se multiplicaron durante la crisis de 2001, que terminó con el gobierno de la Alianza.
Una de las primeras medidas que tomó Kirchner cuando desembarcó en la Casa Rosada fue citar a los líderes piqueteros. El encargado de ejecutar el operativo cooptación fue el secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli.
A partir del encuentro que mantuvieron varios dirigentes en la Casa Rosada con Parrilli -Kirchner había pasado un rato por la reunión para saludar a los piqueteros- varias organizaciones se alinearon con el oficialismo. Tanto fue así que Luis D’Elía (Federación Tierra y Vivienda) se quedó con un cargo en el Gobierno y Jorge Ceballos (Barrios de Pie, la rama piquetera del partido Libres del Sur) desembarcó en el Ministerio de Desarrollo Social que conduce Alicia
Kirchner.
Las relaciones con otros grupos piqueteros fue a través de microemprendimientos y planes sociales para distribuir entre los militantes de cada organización.
Los que arreglaron cargos públicos con el oficialismo y los que no obtuvieron recursos estatales.
Ahora, cuando los cortes de ruta son en contra del Gobierno nacional, el matrimonio Kirchner pidió que respeten los derechos de los terceros.
Y encima, los piqueteros que eran aliados, ahora están en la vereda de enfrente. Sólo les quedan los leales Luis D’Elía y Emilio Pérsico, dirigente del Movimiento Evita. La lista de aliados es cada vez más corta. Un signo de la debilidad kirchnerista.