A José Alperovich nunca le gustó la independencia del Poder Judicial. Siempre entendió que lo debía controlar de cerca. Sin dejar nada librado al azar. Teme a la Justicia desde que era ministro de Economía de Julio Miranda, entre 1999 y 2001, cuando tuvo que enfrentar varias causas penales por delitos vinculados a la corrupción.
En el libro “José Alperovich, el zar tucumano”, que escribí junto con Nicolás Balinotti y editado por Dunken se describe con crudeza las operaciones del gobierno para tener una justicia adicta.
A Alperovich parece no alcanzarle con tener una suerte de mayoría automática en la Corte Suprema, sino que pisa fuerte en los juzgados de instancias inferiores. Una de las primeras medidas que tomó el gobernador en 2003 fue la derogación del Consejo Asesor de la Magistratura (CAM), que le dio la posibilidad de designar jueces y fiscales como más le gusta: en forma discrecional. A dedo.
Con la jubilación con el 82 por ciento móvil a los magistrados, Alperovich consiguió producir unas 50 vacantes en la Justicia, que cubrió a gusto y placer.
Curiosamente, apenas asumió el juez Juan Francisco Pisa archivó una de las causas que más preocupaba al poder: la que investigaba el desvío de fondos de la publicidad oficial para beneficiar a la Fundación PIBE, que conducía la primera dama, senadora nacional y presidenta del Partido Justicialista local, Beatriz Rojkés de Alperovich.
Al gobernador le gusta tener todo bajo su control. Su dominio. No quiere nada que le demuestre autonomía: sean jueces, intendentes, fiscales, delegados comunales, concejales, legisladores e, incluso, periodistas.
Tal vez esa sea la explicación para que Carlos López no sea, a esta altura, juez o fiscal. Carlos López fue secretario penal de la Fiscalía VI, que comandaba Esteban Jerez, cuando era “anticorrupción”. López fue ternado en tres concursos del Consejo Asesor de la Magistratura, en dos salió primero en orden de mérito. Sin embargo, Alperovich siempre lo dejó de lado y designó a quienes seguían en la lista.
El Colegio de Abogados, sin dar el nombre de López, pidió que el gobernador fundamente por qué se aparta del orden de mérito. Hasta ahora nunca lo hizo. Tal vez sea grotesco argumentar que López fue dejado de lado por haberlo investigado.
López trabaja en tribunales desde hace 16 años y actualmente es secretario de un juzgado penal.
La semana pasada, Angel “El mono” Ale había dicho que el fiscal Guillermo Herrera “tenía una agencia de cobranzas en la fiscalía”. Herrera investiga a Rubén “La chancha” Ale por la usurpación de tierras y la venta de soja de esos terrenos. El Mono Ale luego se rectificó y dijo que “en ningún momento se refirió a la honorabilidad del investigador, sino a un viejo incidente entre ambos”. Herrera fue designado a dedo por Alperovich. Cuando archivó una causa contra el actual senador Sergio Mansilla sobre unos polémicos fondos de la Secretaría de Municipios y Comunas, que dirigía en ese momento, Alperovich lo calificó como un “hombre muy trabajador”.
Eso es lo que busca Alperovich para la Justicia: tenerla en su puño, como al resto de la provincia. En ese esquema, cualquier foco de rebelión como es el caso de López, se convierte en una pesadilla para el mandatario.